Senadores piden evitar alza en precio de tortilla tras prohibición de maíz transgénico

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha solicitado informes a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Economía y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), acerca de las medidas que se tomarán para evitar los posibles desequilibrios en el mercado y aumentos en el precio de la tortilla debido a la prohibición del maíz amarillo transgénico para consumo humano.

Se espera que estos informes incluyan estudios realizados por México durante las consultas formales promovidas por Estados Unidos y Canadá sobre las restricciones a las importaciones agrícolas genéticamente modificadas, para demostrar que estos productos son dañinos para la salud humana.

En un punto de acuerdo registrado en la Gaceta Parlamentaria del 22 de marzo, se mencionó que el 13 de febrero pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que establece varias acciones relacionadas con el glifosato y el maíz genéticamente modificado. El propósito de este documento es prohibir y no permitir futuras autorizaciones para el uso del maíz transgénico para consumo humano, así como eliminar el uso del fertilizante glifosato en la producción en masa de este tipo de alimento, debido a su posible potencial cancerígeno.

Los senadores del PRI también solicitaron informes acerca de las estrategias que se implementarán para fortalecer los programas y apoyos al sector agrícola, con el fin de aumentar la producción de maíces nativos de México y satisfacer adecuadamente las necesidades del sector de la masa y la tortilla mediante nuevos bioensayos y otras técnicas agroecológicas.

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Además, se requirió un informe sobre las medidas que se tomarán para regular el consumo de glifosato y la realización de muestreos probabilísticos en alimentos para rastrearlos, de acuerdo con el Decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado.

Los senadores explicaron que el propósito del proyecto es alertar acerca de una política pública que, en caso de no ser implementada de manera adecuada, podría generar condiciones adversas para el acceso de la población a productos básicos de buena calidad a precios asequibles, entre los cuales el maíz ocupa un lugar fundamental.

Asimismo, podría tener graves consecuencias en términos de seguridad alimentaria y productividad agrícola en el país. El punto de acuerdo fue remitido a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

Fuente: Senado de la República, Coordinación de Comunicación Social